El Gobierno de Francia y el sector automovilístico galo han señalado que los vehículos eléctricos que cumplan los criterios de producción europea deberían recibir «un trato preferente» para dar flexibilidad a los fabricantes que opten por la producción local, al tiempo que reclaman una clara preferencia europea en la revisión de la normativa sobre emisiones de CO2 de los vehículos.
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